La designación del Fiscal Anticorrupción estuvo acompañada del impulso de reformas para fortalecer la autonomía y transparencia del proceso

Previo a la votación en Sesión de Pleno para la designación del titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Legislatura aprobó el dictamen de la iniciativa presentada por el diputado Erik Silva Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena, y la diputada Claudia Díaz Gayou, del Partido del Trabajo, para modificar el procedimiento de designación de futuras fiscalías anticorrupción y fortalecer la autonomía de esta institución.

El dictamen de reforma aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales elimina la participación del Poder Ejecutivo en el procedimiento de elección de la persona titular de la Fiscalía Anticorrupción, al derogar la disposición que obligaba a que el nombramiento se realizara a partir de una terna propuesta por el Gobernador del Estado.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Arturo Maximiliano García Pérez, señaló que siempre se sostuvo que la Fiscalía Anticorrupción debe surgir de procesos más abiertos, transparentes y democráticos. Por ello, uno de los acuerdos fundamentales que acompañaron este proceso fue impulsar una reforma constitucional para que las próximas designaciones no dependan exclusivamente de una propuesta del Poder Ejecutivo, sino de un procedimiento abierto que fortalezca la participación ciudadana y los contrapesos institucionales.

La iniciativa parte de un principio elemental: la autoridad encargada de investigar posibles actos de corrupción debe contar con plena independencia respecto de cualquier poder o autoridad que eventualmente pudiera ser objeto de una investigación.

Asimismo, durante el proceso de elección se insistió en la revisión de fondo de los perfiles considerados para encabezar la Fiscalía Anticorrupción, privilegiando el cumplimiento de los requisitos legales, la trayectoria profesional y la idoneidad de las personas aspirantes para desempeñar una responsabilidad de esta relevancia.

Como parte de los acuerdos alcanzados, también se planteó la necesidad de consolidar el Sistema Estatal Anticorrupción en su conjunto, fortaleciendo las instituciones que lo integran y garantizando su funcionamiento pleno, incluyendo la integración completa del Tribunal de Justicia Administrativa, pieza fundamental para el adecuado funcionamiento del sistema de responsabilidades y combate a la corrupción.

Arturo Maximiliano García enfatizó que la principal garantía para que estos avances trasciendan a futuras legislaturas es que queden plasmados en la Constitución del Estado, lo que impedirá modificaciones unilaterales y exigirá nuevamente una mayoría calificada para cualquier cambio futuro.

“Los cambios institucionales de fondo no siempre son los más visibles, pero son los que generan mejores resultados para el futuro. Lo importante no es solamente la designación de una persona, sino construir instituciones más fuertes, más autónomas y más abiertas a la participación ciudadana”, afirmó.

Con estas acciones se fortalece la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción, se consolidan los contrapesos democráticos y se da un paso importante hacia un Sistema Estatal Anticorrupción más sólido, transparente y confiable para las y los queretanos.